Cancelación de antecedentes penales y policiales

Antecedentes penales y policiales ¿Se pueden cancelar?

Para saber cómo se puede realizar o, si es posible, la cancelación de antecedentes penales y policiales, deben tenerse muy en cuenta aspectos como el denominado derecho de acceso y el derecho de información. Este tipo de datos se consideran de carácter estrictamente personal y por ello, y según el artículo 104 de la constitución, el acceso a dichos datos pertenece en exclusiva a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. En cualquier caso, tal y como se comenta en el siguiente artículo de un prestigioso bufete de abogados, la cancelación de antecedentes penales y policiales es posible en numerosos casos siempre que se cumplan unos requisitos, entre los que están:

  • haber cumplido la condena impuesta
  • Que pase un tiempo desde que finalizó la condena, este tiempo dependerá de la gravedad del delito.
  • haber cumplido con la responsabilidad penal impuesta por el juez
  • No haber vuelto a delinquir

Cancelación de antecedentes penales

Entendemos por antecedentes penales aquellos registrados tras la ejecución de un delito y de su posterior sentencia condenatoria. Una vez sucedido esto los datos de la persona pasan a un fichero, con todos los datos identificativos y aclaratorios del caso, que será remitido al llamado Registro Central de Penados y Rebeldes. En dicho registro, dependiente del Ministerio de Justicia, se hace constar el tipo de delito y su fecha o la cuantía de la pena a cumplir.

El artículo 136.1 del Código Penal es el encargado de establecer la posibilidad de la cancelación de los antecedentes penales, siempre y cuando el interesado ya haya cumplido la pena impuesta, no tenga pendientes más responsabilidades con la Justicia y haya pasado el tiempo necesario variable según los casos.

En el caso de que una persona que tenga antecedentes penales por algún tipo de delito quiera realizar una cancelación de los mismos, tendría que solicitar una revisión de su caso y de su tipo de antecedentes. Una vez revisada la solicitud pueden darse varios tipos de respuestas que van, desde la falta de información necesaria hasta un dictamen de absolución.

La petición de cancelación puede estar referida también a una cancelación parcial, con el fin de que se elimine tan solo algún episodio o dato determinado de la persona, o a una cancelación total o anulación. En la instancia de solicitud se deberá aportar toda la información necesaria de registro, domicilio, etc., a efectos de que todas las notificaciones puedan realizarse con normalidad.

Para llevar un proceso de este tipo a cabo se recomienda la presencia de un abogado, ya que de ello dependerá la agilidad de los trámites o la realización efectiva de todos y cada uno de los pasos necesarios. También se deberán tener en cuenta otros aspectos como el tiempo que haya transcurrido desde el delito y cómo sea la gravedad del mismo, pudiendo ir el plazo necesario desde los seis meses hasta un periodo mucho mayor para los delitos más graves de unos diez años mínimos.

Eso sí, para establecer la cuantía de los plazos de cancelación hay que tener en cuenta la última Reforma del Código Penal (en vigor desde el 1 de julio de 2015), a través de la cual los plazos para determinados tipos de delitos se vieron aumentados. En cualquier caso, el tipo de delito deberá inscribirse en una de las tres escalas existentes para la graduación de las penas, que son: penas leves, penas graves y penas menos graves, y siempre y cuando se trate de un único delito. En el caso de que en los antecedentes se solapen varios tipos de delitos, como ocurre con frecuencia en los delitos relacionados con la conducción, se establecen varios tipos de penas y varían los periodos de cancelación necesarios.

Pero el tiempo que haya transcurrido no es el único requisito necesario para poder solicitar una cancelación, ya que de no tener un currículum completamente limpio desde la conclusión de la pena, no podrá tampoco realizarse la solicitud.

Cancelación de antecedentes policiales

En cuanto a la cancelación de antecedentes policiales, aunque suele ser un proceso mucho menos común, es también muy aconsejable el hacerlo, puesto que permite una liberación mucho mayor de las acciones pasadas por las que ya se haya cumplido debidamente. Y, salvo en casos en los que el expediente sea aún necesario para investigaciones o que se pretenda cancelar el expediente de antecedentes policial antes que el penal, no debería haber mayores problemas para cancelarlo.

Debemos tener en cuenta que aunque una persona tenga antecedentes policiales no significa que haya sido condenada por ningún tipo de delito, ya que tan solo por ser detenida ya figuraría en los registros policiales; razón por la cual muchas personas podrían estar interesadas en la cancelación de este tipo de antecedentes por diversos motivos, como por ejemplo la mejora de las perspectivas laborales o sociales.

Del mismo modo se podrían tener antecedentes policiales sin tenerlos penales, en casos relativos especialmente a multas y problemas de tráfico, siendo posible también su retirada y cancelación en dichos casos. Si este tipo de faltas o delitos conllevaran una sentencia y su posterior absolución, podría iniciarse entonces el proceso de cancelación a través de un modelo específico de solicitud que varía en función de si se trata de la Policía o de la Guardia Civil.

La cancelación de antecedentes, siempre y cuando se cumplan los requisitos necesarios, es un derecho al que tiene en España cualquier ciudadano con el fin de que pueda cumplirse la denominada reinserción social a posteriori, al igual que ocurre también con las personas que hayan estado en prisión por cualquier motivo. Y es que la reinserción social es un derecho fundamental contemplado incluso en la Constitución Española, en su artículo 25.2.

Otros aspectos a tener en cuenta en la cancelación de antecedentes

  • La solicitud siempre deberá ir acompañada de documentación en la que se especifique, debidamente, los motivos por los que quiere hacerse una modificación del expediente o una cancelación.
  • Las solicitudes se podrán presentar tanto de forma física como por correo, garantizándose siempre la identidad de la persona que realice el trámite a efectos públicos.
  • Las peticiones de cancelación tendrán un periodo de 30 días de obtención de respuesta, tras los cuales ésta podría no haber llegado. En ese tipo de casos, la ausencia de respuesta se entenderá como una desestimación de la petición.
  • Aquellas personas que por circunstancias residan en el extranjero, también pueden solicitar la cancelación de sus antecedentes en el consulado correspondiente.

Delitos de alcoholemia

Delitos de alcoholemia, el trámite

Desgraciadamente los delitos de alcoholemia (especialmente aquellos relacionados con la seguridad vial) son bastante frecuentes, y la mayoría de ellos tienden a resolverse a través de lo que se denomina un Juicio Rápido, regulado por la llamada Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El delito de alcoholemia en carretera pasa de multa a delito contra la seguridad vial en dos casos: cuando la persona a la que den el alto se niegue a realizar la prueba de detección de alcohol en sangre, o cuando al hacerla se registre una tasa igual o superior a 0’60 miligramos por litro en aire espirado o de 1’2 o más gramos por litro de alcohol en sangre. El artículo 379 del Código Penal es el encargado de establecer las tasas por las cuales deben guiarse los agentes a la hora de pasar de multa, a realización de un atestado policial por delito de alcoholemia contra la seguridad vial.

En los casos de negativa a realizar la prueba podría sumarse, además, un delito de desobediencia, puesto que resulta obligatorio realizar dicha prueba siempre que se exija por parte de las autoridades o en caso de accidente. Cabe destacar también que, en casos en los que dichas tasas no lleguen a superarse, y en función de otras circunstancias a valorar por los agentes con respecto a la actitud o la peligrosidad del conductor, podría elevarse la multa de igual forma a delito por alcoholemia.

 

¿Qué ocurre una vez que se realiza el atestado policial?

En primer lugar, tras la realización del atestado, el conductor puede quedar inmediatamente detenido debiendo prestar declaración en comisaría, o puede quedar suelto requiriéndosele su presencia en alguna vista de manera posterior al suceso, lo que normalmente tiene lugar entre un día y tres posteriores al delito.

En el caso de los detenidos, y ya en el momento de la declaración, deberán contar con la presencia de un abogado o, en caso de no tener capacidad para ello, asignársele uno de oficio. En muchos casos los abogados recomiendan al detenido acogerse a su derecho a no declarar, lo que permite preparar con tiempo su defensa para el proceso judicial posterior.

En los juicios rápidos por alcoholemia los jueces suelen exigir el mayor número posible de documentación y de pruebas con respecto al delito, lo que puede incluir la declaración de testigos, además de la del propio imputado, así como pruebas periciales de daños cometidos o solicitud de antecedentes penales, en caso de que los hubiere.

El abogado del que disponga un imputado por delito de alcoholemia también podrá solicitar las pruebas que crea oportunas, aunque en último término, siempre será el juez que instruya el caso el encargado de establecer si dichas pruebas se admiten o no a trámite.

Normalmente, admitidas las pruebas, los jueces suelen avanzar el proceso elevándolo a juicio oral, lo que suele tratarse de forma breve acabando en la mayoría de los casos en lo que se denominan sentencias de conformidad. Sin embargo, en delitos de alcoholemia complejos, especialmente en casos en los que haya heridos o terceras personas involucradas, el proceso suele alargarse en el tiempo al requerirse muchas más pruebas, declaraciones, etc.

El plazo habitual de resolución de sentencias para los juicios orales no suele ir más allá de tres días tras la vista, siendo lo más habitual que se establezcan penas de prisión en ellas que van desde los tres hasta los seis meses, junto a la retirada del carnet de conducir por un plazo que podría llegar hasta los cuatro años y en función de la gravedad del delito.

En los casos de desobediencia cometidos por aquellas personas que se hayan negado a realizar la prueba de alcoholemia, la pena de prisión podría doblarse, estableciéndose un baremo que va desde los seis meses de cárcel hasta el año con la retirada complementaria del carnet de conducir por un periodo de uno a cuatro años.

Como el Código Penal no suele contemplar la entrada física en prisión en condenas de menos de dos años, salvo que haya antecedentes penales previos, este tipo de delitos suelen ver traducidas sus penas de cárcel en la realización de servicios a la comunidad.

 

Otros datos importantes a tener en cuenta

  • Solo se podrán realizar juicios orales en delitos de alcoholemia cuya pena de prisión no supere los cinco años tras la sentencia.
  • En casos de consumo de estupefacientes o de gran velocidad, podrá sumarse también un delito agravado por conducción temeraria.
  • Cuando los resultados de la prueba de alcoholemia den positivos, el conductor tendrá derecho a la repetición de la prueba pasados más de diez minutos. En el caso de que realizada por segunda vez la prueba, la tasa se encuentre entonces por debajo del límite permitido, se podrá continuar la marcha.