Cómo se tramita una herencia en Madrid

El fallecimiento de una persona suele estar acompañado de una serie de trámites legales con los que se garantiza que sus bienes pasan a sus sucesores. No son trámites excesivamente complicados pero sí tediosos y en cualquier caso siempre conviene estar asesorado por algún abogado especializado en herencias que nos facilite el trabajo y asesore con los posibles imprevistos que puedan tener las herencias.

De entrada, todas las personas que reciben una herencia están sujetas a un impuesto de sucesiones y donaciones. En el caso de la Comunidad de Madrid, este impuesto es una gestión transferida del Estado.

El correspondiente impuesto de Donaciones y sucesiones se liquida en las delegaciones autonómicas de la Comunidad de Madrid mediante la presentación del modelo D650. El impuesto se ha de abonar en la delegación vinculada al domicilio residencia habitual de la persona fallecida y existe un plazo de seis meses desde la muerte para tramitar el impuesto.

El modelo de impuesto D650 se puede presentar de manera telemática en la oficina virtual tributaria de la Comunidad de Madrid, siempre y cuando se disponga del correspondiente certificado de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. El programa específico para este trámite es la aplicación denominada ALIS. El envío vía telemática ha de incluir toda la documentación requerida, un ejemplar para el interesado y el pago correspondiente en los 15 días siguientes a la presentación del impuesto.

Documentación

Para satisfacer el impuesto de Sucesiones y Donaciones es necesario adjuntar el DNI de cada uno de los herederos así como del fallecido. También se ha de acompañar un certificado de defunción que ha de expedir un registro civil correspondiente al lugar donde se haya producido el óbito y otro de últimas voluntades habrá de incluirse para dar fe de si hay un testamento, si hay más de uno y para determinar, en su caso, cual es el último. Este certificado habrá de solicitarse en las instancias del Ministerio de Justicia.

En la misma relación hay que incluir una copia del testamento debidamente autorizada, de los seguros suscritos por la persona fallecida, de los saldos bancarios certificados de las cuentas de las que fuera titular, así como de los justificantes de los títulos de los bienes en propiedad, de copias de los últimos recibos de los impuestos sobre bienes inmuebles y, también en su caso, del de patrimonio.

El modelo D650 recogerá cada uno de los bienes y de los derechos que vienen a formar parte de la herencia a transmitir en sus valores reales. Con ello, se podrá calcular la cuota tributaria a abonar en la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

Para la valoración de la cuota del impuesto se considerarán los valores catastrales, los de adquisición y el valor finalmente comprobado por la Administración. Los saldos bancarios que tendrán efecto son los correspondientes a la fecha del fallecimiento, al igual que sucede con los de los fondos de inversión y los de los valores cotizables.

El cálculo final del impuesto se establece restándole las deudas reconocidas del fallecido. No se restarán, en ningún caso, si uno de los beneficiarios de la herencia es acreedor del fallecido.

También se han de restar del cálculo final los gastos del entierro, los gastos de cualquier arbitraje entre herederos y los derivados de asistencias médicas que tampoco hayan sido satisfechos. A la base liquidable se le aplicará un gravamen. La base puede sufrir una reducción de acuerdo con el parentesco con el fallecido.

Así, el cónyuge y cada uno de los descendientes pueden deducir hasta el 95% del valor de la vivienda habitual o una empresa familiar de la persona fallecida en los diez años siguientes a su muerte.

Las valoraciones de los bienes resulta un asunto muy complejo que incluso puede generar una liquidación en paralelo de la Comunidad de Madrid. Lo habitual es que el cálculo de los bienes se haga de acuerdo a su precio de mercado que es el que utiliza la Administración autonómica madrileña.

En la página web de la Hacienda autonómica hay una aplicación que permite valorar los vehículos. Si, en cambio, se trata de valorar terrenos, los desajustes entre valoraciones pueden ser mayores. Lo más razonable en estos casos es solicitar una peritación de carácter vinculante a la Hacienda de Madrid para evitar complicaciones posteriores.

Finalmente, el modelo D650 incluye varios sobres con documentación individual con el que cada parte puede liquidar lo que le corresponde. Todos los herederos están obligados a liquidar su parte del impuesto. De no ser así, la Comunidad Autónoma de Madrid tiene un plazo de cuatro años para reclamar la parte no satisfecha del impuesto.

 

Caso Gurtel

Cronología de la trama Gurtel

Puede parecer increíble, pero no lo es. Hace ya más de 10 años que el caso Gürtel nació y casi 8 años que fue hecho publico por El País. A pesar de ello, sigue siendo actualidad en estos momentos. Desde aquí queremos refrescar tu memoria y hacer una cronología de todo lo que ha sucedido durante ese tiempo para que comprendas mejor el punto en el que estamos en estos momentos.

Los orígenes del caso Gürtel

Corría el mes de noviembre del año 2007 cuando la Fiscalía Anticorrupción recibe la denuncia de unos concejales del municipio de Majadahonda en la que se relataban algunos hechos susceptibles de ser delito por parte de miembros del Partido Popular. Automáticamente, este organismo inicia una investigación que fructifica en el recibimiento, el 6 de febrero de 2009, de otra denuncia ya formal a la Audiencia Nacional.

En concreto, fue el juez Garzón el encargado de abrir una investigación acerca de la trama, la cual afectada a Madrid, a Valencia y a Málaga. Rápidamente, cinco personas son detenidas acusadas de fraude fiscal, blanqueo de capitales, tráfico de influencias y cohecho, una de ellas un empresario muy cercano al gobierno del Partido Popular en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, Madrid. Este sujeto no era otro que Francisco Correa, cabecilla de la red y personaje archiconocido hoy en día.

Durante los días siguientes, el baile de nombres no se detiene y el listado de imputados empieza a ser realmente importante. Entre ellos destaca, por un lado, el marido de Ana Mato, que era alcalde de Pozuelo de Alarcón en ese momento, y de Francisco Camps, presidente de la Comunidad Valenciana. El 15 de marzo, una entrevista realizada por El País a José Tomás, su sastre, desveló toda la subtrama de los trajes.

Los trajes de Francisco Camps

El 22 de febrero de 2011 el PSOE se persona como acusación particular con Camps y solicita para él, por un delito de cohecho propio, 3 años y 8 meses de inhabilitación. Dos días después, el PP confirma que, pese a su imputación, será el candidato a la presidencia de la Comunidad de Valencia en las autonómicas que se avecinan, aunque no aparecerá en los carteles.

El 15 de julio de ese año se abre juicio oral contra Francisco Camps y, cinco días después, el presidente de la Comunidad Valenciana dimite para preparar mejor su defensa. Finalmente, es declarado ‘no culpable’ por un jurado popular cuya votación entre sus miembros estuvo francamente dividida.

El juez Garzón, apartado del caso

Pasó el tiempo y cada vez eran más las personalidades del PP y de infinidad de ayuntamientos que aparecían imputados en el caso. Sin embargo, el 25 de febrero de 2010 es una fecha importante ya que, ese día, Ignacio Peláez, abogado de José Luis Ulibarri, uno de los imputados, presenta una querella en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo contra el juez Baltasar Garzón por unas escuchas realizadas entre él y su cliente en las que se vulneraba su derecho a la intimidad y a la legítima defensa.

El 9 de febrero de 2012, Baltasar Garzón fue condenado por el Tribunal Supremo por prevaricación y se le impuso una pena de 11 años de inhabilitación para el cargo.

La continuación de la investigación

Volviendo brevemente al año 2010, hay que decir que fue ese 6 de abril cuando se levantó el secreto de sumario y se desveló, entre otras muchas cosas dentro de los 50 000 folios de los que contaba la instrucción por aquel entonces, que Luis Bárcenas, antiguo extesorero del PP, había cobrado 1,3 millones de euros de una supuesta ‘caja B’, lo que abrió la subtrama de la financiación ilegal de dicho partido.

En 2012, tras más de dos años en la cárcel de manera preventiva, Francisco Correa y Pablo Crespo salen en libertad bajo fianza, aunque no pueden abandonar el país y tienen que presentarse en los juzgados a diario.

Los días, los meses y los años pasaban mientras el juez Pablo Ruz, que fue el encargado de continuar con el trabajo de Baltasar Garzón, El juicio pasó a un segundo plano dentro de la actualidad mediática debido a su complejidad y a la falta de pistas acerca de nuevos hechos.

Mariano Rajoy es llamado a declarar

El 18 de abril de 2017 sucede un hecho insólito en nuestra democracia. Y es que, tras semanas de rumores, Mariano Rajoy, presidente del Gobierno de España desde finales del año 2011, es llamado a declarar como testigo ante la Audiencia Nacional. Tras diversos recursos, este hecho se produce el 26 de julio de ese mismo año.

Mariano Rajoy afirmó desconocer todo lo que guardaba relación con los temas económicos del partido que él mismo preside y que estaban siendo juzgados dentro del juicio de la trama Gürtel puesto que sus cargos eran exclusivamente de índole política. También dijo que no conocía personalmente a Francisco Correa.

La trama Gürtel en 2018

La trama Gürtel ha vuelto a salir a la palestra con motivo de las últimas declaraciones de Francisco Correa y los demás imputados. Y es que, en ellas, el cabecilla de la trama confirmó que, al menos, las campañas electorales de 2007 y 2008 fueron pagadas con dinero negro y mediante facturas falsas de contratistas de la administración pública que no podían donar dinero al Partido Popular.

Por su parte, Ricardo Costa, que fue secretario general del PP en Valencia y uno de los más estrechos colaboradores de Francisco Camps durante su etapa en la presidencia del gobierno autonómico, confirmó también la financiación en negro y la involucración en ella del expresidente.

Este es el punto en el que, en estos momentos, se encuentra el juicio en torno a la trama Gürtel. Sin embargo, debido a la velocidad con la que se están produciendo los acontecimientos, no sería de extrañar que, muy pronto, hubiese que añadir algunas líneas más a este artículo. Esperemos que todo acabe resolviéndose lo antes posible.

El final del Caso Noos, ¿Qué es el caso Noos?

Qué es el caso Noos

Parece mentira, pero el próximo 17 de febrero hará un año que conocimos la sentencia del Caso Nóos. Sin duda, una trama que, debido a la implicación de miembros de la Casa Real como la infanta Cristina y su marido Iñaki Urdangarín, gozó de una especial atención mediática.

Aprovechando tal efeméride, en este artículo queremos hacer un repaso por su transcurso y su sentencia, así como por el momento en el que se encuentra en la actualidad.

Los orígenes

Para encontrar los orígenes del Caso Nóos hay que remontarse al 16 de febrero del año 2006. Ese día, el grupo parlamentario del PSOE solicita al Govern de las Islas Baleares, presidido por el PP, que aclare el destino de 1,2 millones de euros que fueron pagados al Instituto Nóos con el propósito de organizar un encuentro sobre deporte y turismo a nivel internacional ya que se consideró que era un derroche.

Desde ese momento, hubo que esperar hasta el 20 de julio de 2010 para volver a saber del caso. Y es que, en esa fecha, el mediático y ya jubilado juez José Castro abre, dentro del caso de corrupción denominado Palma Arena, una pieza separada relativa al Instituto Nóos. Casi un año después, el 11 de julio de 2011, Diego Torres, ex socio de Iñaki Urdangarín, es llamado a declarar en calidad de imputado.

A partir de ese momento y tras el testimonio de Diego Torres, el caso alcanza una relevancia mediática muy elevada. Tanta que, el 12 de diciembre de 2011, justo después de las fiestas de la Constitución, Urdangarín es apartado de sus actividades oficiales y, en plena Navidad, imputado por su participación en las actividades irregulares del Instituto Nóos.

2012 es un año especialmente extraño para el caso. Urdangarín declara y exculpa a la infanta Cristina, a su vez que la Audiencia Nacional y el Fiscal Anticorrupción de Baleares, Pedro Horrach, rechazan la imputación de la hija del Rey Juan Carlos I. Habría que esperar hasta el 3 de abril de 2013 para que esto se produjese. Sucedió porque el juez interpretó que la infanta pudo consentir que su marido utilizase su parentesco con el Rey para obtener beneficios.

Sin embargo, esto tampoco supone su imputación definitiva ya que tanto la Audiencia de Palma como la Abogacía del Estado interpretan que la infanta Cristina de Borbón no ha cometido fraude fiscal y anulan el auto de citación. Habría que esperar al 7 de enero de 2014 para que se produjese la imputación final por parte del juez Castro y al 8 de febrero para que declarase ante él.

El proceso iba bastante lento y hubo que esperar al 22 de diciembre de ese año para que se produjese la apertura del juicio oral en el cual estaban imputadas 17 personas, entre ellas Diego Torres, Iñaki Urdangarín y su esposa, Cristina de Borbón. Este no daría comienzo hasta el 11 de enero de 2016.

El juicio del Caso Nóos

El 11 de enero de 2016 a las 9.21 horas de la mañana arranca el juicio del caso Nóos. El día 29 de ese mes, al legitimar la acusación popular impulsada por Manos Limpias, la Audiencia de Palma estima que la infanta Cristina debe seguir imputada. Ella declararía el 3 de marzo negando cualquier intervención y conocimiento en las actividades del Instituto Nóos, aunque anteriormente, el día 26 de febrero, ya lo había hecho su marido. Tres días pasó dando testimonio al tribunal.

Casi 6 años después del inicio del proceso judicial y a 20 días de cumplir 10 años del requerimiento realizado por el PSOE al ‘Govern’ de las Islas Baleares, el 22 de junio de 2016, el juicio queda visto para sentencia.

La sentencia del Caso Nóos

Casi ocho meses después, el 17 de febrero de 2017, la sección primera de la Audiencia de Palma dicta, por fin, la sentencia que daba por terminado el juicio del Caso Nóos, la cual contaba con casi 1000 hojas.

Lo primero que se desprendió de ella fue la absolución de la infanta Cristina de los delitos fiscales que se le imputaban y la condena a Iñaki Urdangarín de 6 años y 3 meses de cárcel por malversación, fraude fiscal, tráfico de influencias, prevaricación y dos delitos contra la Hacienda Pública. Eso sí, la hija del Rey Juan Carlos I debía pagar una multa de 265.088 euros.

Diego Torres, su socio, fue condenado a 8 años y 6 meses de cárcel, mientras que Jaume Matas, presidente balear durante el acontecimiento de los hechos tratados en el juicio, a solo 3 años y 8 meses debido a su colaboración con la justicia.

Entonces ¿cuál es el final del Caso Nóos?

Lo cierto es que resulta difícil de determinar. Y es que, a pesar de la sentencia, no se puede afirmar que el caso haya terminado puesto que sus principales responsables, que son Iñaki Urdangarín y Diego Torres, no han entrado en la cárcel ya que la juez que presidía el tribunal, Samantha Rodríguez, no tomó entre las medidas cautelares contra ellos el ingreso inmediato en prisión.

Ha transcurrido ya prácticamente un año y, aunque existen rumores de que podría suceder en breve, todos los sentenciados en el Caso Nóos con penas de prisión siguen en libertad. De hecho, el marido de la infanta Cristina está esperando la revisión, por parte del Tribunal Supremo, de su recurso. En concreto, esto sucederá el próximo 21 de marzo.

Es previsible que, en función de lo dictado por el Tribunal Supremo ese día de marzo, tanto Iñaki Urdangarín como los otros seis condenados a penas de prisión por la sentencia del Caso Nóos tengan que entrar o no definitivamente en la cárcel. Lo cierto es que todo parece indicar que sí tendrá que cruzar esa puerta ya que la Fiscalía ha solicitado incrementar la pena hasta los 10 años en el caso del marido de la infanta Cristina.

La Abogacía del Estado, aunque no se ha mostrado tan dura, sí ha pedido al Tribunal Supremo que incremente la pena de prisión a Iñaki Urdangarín en 10 meses.

En definitiva, si todo sigue su cauce, cosa que no ha sucedido con regularidad en todo el desarrollo del juicio del Caso Nóos, el próximo 21 de marzo conoceremos su final y sabremos si finalmente se cumplen las penas de prisión dictadas para cada uno en su sentencia.
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Reclamación de deuda. Juicio Monitorio y Juicio Cambiario

Reclamación de deuda

Antes de iniciar un proceso de reclamación de deuda es importante informarse acerca de cuáles son los pasos que han de darse para que nuestra reclamación llegue a buen puerto. Ciertamente, los procesos judiciales que han de iniciarse ante casos como este, referente a la necesidad de reclamar una deuda de manera formal, pueden ser muy complejos para personas que no tengan conocimientos en derecho.

El llamado juicio cambiario y el monitorio, son los principales términos con los cuales tendríamos que familiarizarnos.

Juicio Cambiario

El Juicio Cambiario es el procedimiento, a través del cual, puede llegar a cobrarse el pago de un cheque, pagaré o letra de cambio. Este proceso judicial se incorporó recientemente en la denominada Ley de Enjuiciamiento Civil, en su libro IV, y en los artículos 819 a 827. Para iniciar este procedimiento hay que realizar una demanda en la que se incluya el documento sin cobrar, ya que de lo contrario no logaríamos dar comienzo al proceso litigante. Esta demanda deberíamos presentarla en los Juzgados de Primera Instancia correspondientes a la dirección del demandado. Si nuestro cheque, pagaré o letra de cambio, eran documentos ajustados a la ley, el juzgado podrá brindarnos dos soluciones, que son: la reclamación de la deuda al demandado (que deberá hacerse efectiva en el plazo de 10 días), o el embargo de sus bienes en proporción a la cantidad adeudada. Además, podría pedirse una cantidad de dinero adicional, en concepto de intereses por demora.

Debemos tener en cuenta que este proceso, y ante la respuesta del demandado, podría llegar a alargase bastante en el tiempo ya que, por su parte, podría oponerse a la demanda y reclamación de la deuda (lo que sin duda llevaría al establecimiento de una vista en la que deban reunirse demandado y demandante), o incluso negar la autenticidad de su firma.

Juicio Monitorio

El Monitorio es el proceso judicial encargado de reclamar deudas de dinero líquidas, exigibles, determinadas y vencidas. Es decir, que se trata de deudas dinerarias de cualquier importe y en moneda de curso legal, ya sea nacional o extranjera. Se trata de un proceso judicial sencillo y bastante habitual en el que, dándose las condiciones para su reclamación, deberá adjuntarse documentación en forma de facturas, de certificados, de telegramas y burofax, de documentos firmados o certificaciones de impago, todo con el fin de que pueda certificarse la reclamación de dicha deuda y pueda iniciarse el proceso.

Este proceso se inicia con un juicio en el cual el demandante debe aportar todos los datos necesarios para la reclamación al deudor, especificando su nombre, su dirección, la cuantía de la deuda y la acreditación de la misma. Tras este paso el juzgado requerirá al demandado el pago del importe de la deuda, así como hacerlo efectivo en un plazo de hasta 20 días. Pero, como ocurre con el Juicio Cambiario, el demandado podría oponerse o manifestar ante el juzgado que tiene motivos para no hacer efectiva dicha deuda, con lo que sin duda el proceso se alargaría en el tiempo.

 

Cosas importantes a tener en cuenta ante un proceso de reclamación

  • Las empresas y los autónomos que inicien algún proceso judicial de reclamación de deuda podrán hacer efectivo el cobro del IVA de las facturas que no se hayan pagado y siempre y cuando ya se haya iniciado el proceso.
  • Figuras como el abogado o el procurador no son necesarias en el proceso monitorio, siempre y cuando el demandado no inicie un proceso de oposición en el que sí será necesaria la presencia e intervención de ambos profesionales, como así estipula el artículo 818.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
  • El proceso monitorio puede realizarse contra varias personas o deudores, pero debe tenerse en cuenta en este tipo de casos, que tan solo se podrá establecer una dirección a la hora de hacer efectiva la demanda e iniciar el proceso judicial. La elección de dicha dirección es solo objeto del demandante.
  • La figura del inquilino, y en caso de acumular impagos en su finca arrendada por parte del arrendatario, también podrá acogerse al proceso de reclamación de su deuda a través del monitorio y al margen de la cuantía a la que ascienda la deuda. En caso de oposición, este tipo de trámite suele terminar resolviéndose ante juicio verbal.

Mantener una buena actitud es imprescindible a la hora de enfrentar y resolver un problema de impago de deudas, y siempre se recomienda establecer contacto lo más amigable y educadamente posible con el deudor antes de iniciar el proceso judicial, ya que la actitud del demandante podría incluso llegar a ser tenida en cuenta en el proceso judicial, sobre todo en casos de conductas agresivas y amenazantes, en detrimento de éste.

La actitud siempre puede agilizar los trámites consiguiendo el mismo objetivo y ahorrando mucho dinero en el proceso.

Cancelación de antecedentes penales y policiales

Antecedentes penales y policiales ¿Se pueden cancelar?

Para saber cómo se puede realizar o, si es posible, la cancelación de antecedentes penales y policiales, deben tenerse muy en cuenta aspectos como el denominado derecho de acceso y el derecho de información. Este tipo de datos se consideran de carácter estrictamente personal y por ello, y según el artículo 104 de la constitución, el acceso a dichos datos pertenece en exclusiva a las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado. En cualquier caso, tal y como se comenta en el siguiente artículo de un prestigioso bufete de abogados, la cancelación de antecedentes penales y policiales es posible en numerosos casos siempre que se cumplan unos requisitos, entre los que están:

  • haber cumplido la condena impuesta
  • Que pase un tiempo desde que finalizó la condena, este tiempo dependerá de la gravedad del delito.
  • haber cumplido con la responsabilidad penal impuesta por el juez
  • No haber vuelto a delinquir

Cancelación de antecedentes penales

Entendemos por antecedentes penales aquellos registrados tras la ejecución de un delito y de su posterior sentencia condenatoria. Una vez sucedido esto los datos de la persona pasan a un fichero, con todos los datos identificativos y aclaratorios del caso, que será remitido al llamado Registro Central de Penados y Rebeldes. En dicho registro, dependiente del Ministerio de Justicia, se hace constar el tipo de delito y su fecha o la cuantía de la pena a cumplir.

El artículo 136.1 del Código Penal es el encargado de establecer la posibilidad de la cancelación de los antecedentes penales, siempre y cuando el interesado ya haya cumplido la pena impuesta, no tenga pendientes más responsabilidades con la Justicia y haya pasado el tiempo necesario variable según los casos.

En el caso de que una persona que tenga antecedentes penales por algún tipo de delito quiera realizar una cancelación de los mismos, tendría que solicitar una revisión de su caso y de su tipo de antecedentes. Una vez revisada la solicitud pueden darse varios tipos de respuestas que van, desde la falta de información necesaria hasta un dictamen de absolución.

La petición de cancelación puede estar referida también a una cancelación parcial, con el fin de que se elimine tan solo algún episodio o dato determinado de la persona, o a una cancelación total o anulación. En la instancia de solicitud se deberá aportar toda la información necesaria de registro, domicilio, etc., a efectos de que todas las notificaciones puedan realizarse con normalidad.

Para llevar un proceso de este tipo a cabo se recomienda la presencia de un abogado, ya que de ello dependerá la agilidad de los trámites o la realización efectiva de todos y cada uno de los pasos necesarios. También se deberán tener en cuenta otros aspectos como el tiempo que haya transcurrido desde el delito y cómo sea la gravedad del mismo, pudiendo ir el plazo necesario desde los seis meses hasta un periodo mucho mayor para los delitos más graves de unos diez años mínimos.

Eso sí, para establecer la cuantía de los plazos de cancelación hay que tener en cuenta la última Reforma del Código Penal (en vigor desde el 1 de julio de 2015), a través de la cual los plazos para determinados tipos de delitos se vieron aumentados. En cualquier caso, el tipo de delito deberá inscribirse en una de las tres escalas existentes para la graduación de las penas, que son: penas leves, penas graves y penas menos graves, y siempre y cuando se trate de un único delito. En el caso de que en los antecedentes se solapen varios tipos de delitos, como ocurre con frecuencia en los delitos relacionados con la conducción, se establecen varios tipos de penas y varían los periodos de cancelación necesarios.

Pero el tiempo que haya transcurrido no es el único requisito necesario para poder solicitar una cancelación, ya que de no tener un currículum completamente limpio desde la conclusión de la pena, no podrá tampoco realizarse la solicitud.

Cancelación de antecedentes policiales

En cuanto a la cancelación de antecedentes policiales, aunque suele ser un proceso mucho menos común, es también muy aconsejable el hacerlo, puesto que permite una liberación mucho mayor de las acciones pasadas por las que ya se haya cumplido debidamente. Y, salvo en casos en los que el expediente sea aún necesario para investigaciones o que se pretenda cancelar el expediente de antecedentes policial antes que el penal, no debería haber mayores problemas para cancelarlo.

Debemos tener en cuenta que aunque una persona tenga antecedentes policiales no significa que haya sido condenada por ningún tipo de delito, ya que tan solo por ser detenida ya figuraría en los registros policiales; razón por la cual muchas personas podrían estar interesadas en la cancelación de este tipo de antecedentes por diversos motivos, como por ejemplo la mejora de las perspectivas laborales o sociales.

Del mismo modo se podrían tener antecedentes policiales sin tenerlos penales, en casos relativos especialmente a multas y problemas de tráfico, siendo posible también su retirada y cancelación en dichos casos. Si este tipo de faltas o delitos conllevaran una sentencia y su posterior absolución, podría iniciarse entonces el proceso de cancelación a través de un modelo específico de solicitud que varía en función de si se trata de la Policía o de la Guardia Civil.

La cancelación de antecedentes, siempre y cuando se cumplan los requisitos necesarios, es un derecho al que tiene en España cualquier ciudadano con el fin de que pueda cumplirse la denominada reinserción social a posteriori, al igual que ocurre también con las personas que hayan estado en prisión por cualquier motivo. Y es que la reinserción social es un derecho fundamental contemplado incluso en la Constitución Española, en su artículo 25.2.

Otros aspectos a tener en cuenta en la cancelación de antecedentes

  • La solicitud siempre deberá ir acompañada de documentación en la que se especifique, debidamente, los motivos por los que quiere hacerse una modificación del expediente o una cancelación.
  • Las solicitudes se podrán presentar tanto de forma física como por correo, garantizándose siempre la identidad de la persona que realice el trámite a efectos públicos.
  • Las peticiones de cancelación tendrán un periodo de 30 días de obtención de respuesta, tras los cuales ésta podría no haber llegado. En ese tipo de casos, la ausencia de respuesta se entenderá como una desestimación de la petición.
  • Aquellas personas que por circunstancias residan en el extranjero, también pueden solicitar la cancelación de sus antecedentes en el consulado correspondiente.

Delitos de alcoholemia

Delitos de alcoholemia, el trámite

Desgraciadamente los delitos de alcoholemia (especialmente aquellos relacionados con la seguridad vial) son bastante frecuentes, y la mayoría de ellos tienden a resolverse a través de lo que se denomina un Juicio Rápido, regulado por la llamada Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El delito de alcoholemia en carretera pasa de multa a delito contra la seguridad vial en dos casos: cuando la persona a la que den el alto se niegue a realizar la prueba de detección de alcohol en sangre, o cuando al hacerla se registre una tasa igual o superior a 0’60 miligramos por litro en aire espirado o de 1’2 o más gramos por litro de alcohol en sangre. El artículo 379 del Código Penal es el encargado de establecer las tasas por las cuales deben guiarse los agentes a la hora de pasar de multa, a realización de un atestado policial por delito de alcoholemia contra la seguridad vial.

En los casos de negativa a realizar la prueba podría sumarse, además, un delito de desobediencia, puesto que resulta obligatorio realizar dicha prueba siempre que se exija por parte de las autoridades o en caso de accidente. Cabe destacar también que, en casos en los que dichas tasas no lleguen a superarse, y en función de otras circunstancias a valorar por los agentes con respecto a la actitud o la peligrosidad del conductor, podría elevarse la multa de igual forma a delito por alcoholemia.

 

¿Qué ocurre una vez que se realiza el atestado policial?

En primer lugar, tras la realización del atestado, el conductor puede quedar inmediatamente detenido debiendo prestar declaración en comisaría, o puede quedar suelto requiriéndosele su presencia en alguna vista de manera posterior al suceso, lo que normalmente tiene lugar entre un día y tres posteriores al delito.

En el caso de los detenidos, y ya en el momento de la declaración, deberán contar con la presencia de un abogado o, en caso de no tener capacidad para ello, asignársele uno de oficio. En muchos casos los abogados recomiendan al detenido acogerse a su derecho a no declarar, lo que permite preparar con tiempo su defensa para el proceso judicial posterior.

En los juicios rápidos por alcoholemia los jueces suelen exigir el mayor número posible de documentación y de pruebas con respecto al delito, lo que puede incluir la declaración de testigos, además de la del propio imputado, así como pruebas periciales de daños cometidos o solicitud de antecedentes penales, en caso de que los hubiere.

El abogado del que disponga un imputado por delito de alcoholemia también podrá solicitar las pruebas que crea oportunas, aunque en último término, siempre será el juez que instruya el caso el encargado de establecer si dichas pruebas se admiten o no a trámite.

Normalmente, admitidas las pruebas, los jueces suelen avanzar el proceso elevándolo a juicio oral, lo que suele tratarse de forma breve acabando en la mayoría de los casos en lo que se denominan sentencias de conformidad. Sin embargo, en delitos de alcoholemia complejos, especialmente en casos en los que haya heridos o terceras personas involucradas, el proceso suele alargarse en el tiempo al requerirse muchas más pruebas, declaraciones, etc.

El plazo habitual de resolución de sentencias para los juicios orales no suele ir más allá de tres días tras la vista, siendo lo más habitual que se establezcan penas de prisión en ellas que van desde los tres hasta los seis meses, junto a la retirada del carnet de conducir por un plazo que podría llegar hasta los cuatro años y en función de la gravedad del delito.

En los casos de desobediencia cometidos por aquellas personas que se hayan negado a realizar la prueba de alcoholemia, la pena de prisión podría doblarse, estableciéndose un baremo que va desde los seis meses de cárcel hasta el año con la retirada complementaria del carnet de conducir por un periodo de uno a cuatro años.

Como el Código Penal no suele contemplar la entrada física en prisión en condenas de menos de dos años, salvo que haya antecedentes penales previos, este tipo de delitos suelen ver traducidas sus penas de cárcel en la realización de servicios a la comunidad.

 

Otros datos importantes a tener en cuenta

  • Solo se podrán realizar juicios orales en delitos de alcoholemia cuya pena de prisión no supere los cinco años tras la sentencia.
  • En casos de consumo de estupefacientes o de gran velocidad, podrá sumarse también un delito agravado por conducción temeraria.
  • Cuando los resultados de la prueba de alcoholemia den positivos, el conductor tendrá derecho a la repetición de la prueba pasados más de diez minutos. En el caso de que realizada por segunda vez la prueba, la tasa se encuentre entonces por debajo del límite permitido, se podrá continuar la marcha.